Derechos y poblaciones, Política

 ALERTA: EN EL “PAÍS DE LIBERTADES”, SE PERSIGUE A LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES

Por Liz Zhingry

En medio de una mal llamada “crisis carcelaria” (ya sabemos que la crisis no es de las cárceles, ni siquiera de sus formas de gestión, sino de la misma estructura que sistemáticamente produce violencia y muerte) Carmen Tiupul, lidereza indígena de Chimborazo (Ecuador), ha sido condenada a dos años de prisión por “paralización de servicios”. La sentencia condenatoria dicta además el pago de 7 SBU y $5,000 por concepto de reparación. Su caso demuestra una vez más que la criminalización de la protesta social y la violencia estructural, se asienta sobretodo en los cuerpos de pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, en los cuerpos de las mujeres, en el cuerpo colectivo de las comunidades precarizadas.

Por esto, esta sentencia no sólo es injusta, sino que funciona como la herramienta pedagógica del despojo, pues la acusación que se realiza contra Carmen Tiupul se da en el marco del estallido social de octubre de 2019, donde todo el Ecuador se movilizó para exigir condiciones de vida dignas y donde además, el movimiento indígena tuvo un papel fundamental. Es así como la persecución a líderes y lideresas indígenas nada tiene de casual: se trata de una criminalización deliberada.

De ahí que la sentencia, signifique además la continuación del racismo estructural e histórico, mismo que vimos operando en octubre de 2019 a través de las fuerzas represivas del Estado colonial y que, sólo en la última década, ha militarizado pueblos y comunidades indígenas, ha dejado en la impunidad asesinatos de defensores del agua y la vida y ha favorecido los intereses de transnacionales petroleras y mineras.

Además, que esto suceda a exactamente dos años del estallido de octubre de 2019, da cuenta de cómo la criminalización de la protesta social se ha convertido en la mejor herramienta de los gobiernos de turno. Mientras tanto, quienes mandaron disparar, amedrentar y vulneraron una serie de derechos hace apenas un año, siguen estando impunes. El Estado no ha hecho nada por investigar o sancionar a quienes violentaron a todo un pueblo y más bien, se ha esforzado sobremanera, en darle continuidad a esa violencia. La sentencia de Carmen Tiupul es el más claro ejemplo de ello.

No se puede hablar de un país de libertades mientras se persigue a lideresas sociales.

¡Libertad para Carmen Tiupul #AmnistíaYa

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