El acceso al aborto seguro en América Latina enfrenta múltiples barreras legales y sociales. Mientras organizaciones como Women First Digital trabajan para brindar información y herramientas, el estigma y la falta de formación en salud reproductiva siguen limitando los derechos de las personas gestantes en la región.
Imagina ser una niña de 14 años, haber sido violada por un familiar, tener un aborto espontáneo y ser acusada de homicidio. Según Aristegui Noticias, el 2024 un fiscal del estado de Querétaro buscaba que la menor sea condenada a tres años y le pague una indemnización a su agresor.
La criminalización de personas con capacidad de gestar es una constante en la región. Especificamente en Ecuador el acceso al aborto legal es aún un tema controversial, marcado por barreras legales y sociales que dificultan su implementación efectiva o su avance en materia de derechos.
En mayo de 2024 se cumplieron cinco años desde que el movimiento Son Niñas, No Madres presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas los casos de cuatro niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual. Niñas que fueron forzadas por sus Estados a parir producto de violaciones. Para el Comité Cedaw, un embarazo forzado se iguala a tortura o trato cruel, inhumano y degradante. Uno de los casos más emblemáticos es el de Norma, una niña ecuatoriana que, a pesar de que la legislación permitía el aborto en situaciones de riesgo para la vida y la salud, fue obligada a llevar adelante el embarazo luego de ser víctima de abusos sexuales repetidos por parte de su padre.
En respuesta a las exigencias del Movimiento Son Niñas, No Madres, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en enero del 2025 responsabilizó a Ecuador y Nicaragua por vulnerar los derechos de tres niñas víctimas de violencia sexual, a quienes se les impidió acceder a un aborto. Fátima sigue esperando sentencia para el Estado de Guatemala.
Un embarazo forzado influye en la salud mental de las personas gestantes, lo cual nos pone en un escenario de constante disputa para abrir el camino a la despenalización total de manera que no existan barreras que puedan dificultar acceder a un servicio de salud pública.
El desinterés estatal, sumado a imaginarios que criminalizan socialmente el aborto, hacen que el acceso a este servicio se complique hasta en casos despenalizados como el de Norma. El panorama es más complejo en los casos que ocurren por fuera de los marcos jurídicos donde la lucha vigente es por alejarse de los procesos inseguros.
Sin embargo, conocer la ley o acceder a información se vuelve un privilegio en Ecuador donde muchas personas están en una pelea por sobrevivir. Para Lina López, coordinadora de alianzas de Women First Digital, una de las organizaciones clave en la provisión de información sobre salud reproductiva, el camino para superar los obstáculos radica en el acceso a la información. En una entrevista explica cómo la falta de conocimiento sobre la ley y los derechos reproductivos puede afectar la vida de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
«Muchas veces pensamos que la ley es suficiente, pero la verdad es que solo lo es si conocemos cómo usarla y qué derechos nos otorga», señala Lina. La falta de información sobre los derechos reproductivos, así como sobre las leyes que regulan el aborto, es una de las principales barreras que enfrentan muchas personas al momento de solicitar este servicio. En países como Ecuador, donde el aborto está despenalizado en casos específicos como violación o riesgo para la salud/vida, la confusión es aún mayor, pues la ley no está claramente definida y a menudo se interpreta de manera restrictiva. En Colombia, la Corte Constitucional tuvo que emitir una resolución donde se especifica que la causal salud incluye la salud mental. En 2022, Colombia despenalizó totalmente el aborto hasta la semana 24, lo cual es un debate que sigue vigente en Ecuador.
Uno de los aspectos cruciales que aborda Women First Digital es cómo las personas pueden acceder a un aborto seguro, incluso cuando el marco legal se encuentra lleno de vacíos o contradicciones. “Las leyes no siempre protegen y garantizan los derechos de las mujeres y personas gestantes porque muchos proyectos de ley se originan en situaciones de violencia estructural», explica Lina. Es por eso que la organización ofrece herramientas accesibles como plataformas digitales y acompañamiento personalizado, para que las personas puedan entender sus derechos y los procedimientos con el fin de acceder a un aborto seguro.
Las plataformas que gestionan incluyen Ayuda para Abortar y Cómo Abortar con Pastillas, donde las personas pueden recibir información en tiempo real a través de bots y consejeras en diversos idiomas. «Nos aseguramos de que la información que brindamos sea comprensible y adecuada para cada contexto», asegura Lina. Además, las consejeras están capacitadas para guiar a las personas en el proceso no solo proporcionando información sobre la ley, sino también guiando sobre cómo llevar a cabo el procedimiento de forma segura y sin riesgo para la salud.
Sin embargo, Lina destaca que el problema no solo radica en la falta de información para las personas que buscan un aborto, sino también en la escasa formación de los profesionales de la salud. La mayoría de los médicos y personal sanitario no reciben educación formal sobre el aborto en sus currículos académicos, lo que genera estigmas y dudas acerca de cómo proceder con las pacientes. «Es esencial generar espacios de formación y empatía para los profesionales de la salud, ya que muchas veces son víctimas del mismo sistema y de los estigmas sociales que rodean al aborto», señala Lina. Por ello, el Women First Digital ofrece 3 cursos gratuitos para operadores de la salud:
- Cómo abortar con pastillas
- Abortar en contextos humanitarios
- Aborto autogestionado
La comunicación también juega un papel fundamental en la desestigmatización del aborto. Lina explica cómo trabajan para romper la asociación entre aborto y crimen, promoviendo una narrativa de empatía. «Queremos cambiar la visión negativa que se tiene del aborto. A través de testimonios y campañas, mostramos que el aborto no es un acto inmoral, sino una decisión que muchas veces está motivada por amor a los hijos ya nacidos, por razones económicas o por la incapacidad de asumir una maternidad en el momento», afirma Lina.
Finalmente, la organización aboga por un cambio profundo en la forma en que se percibe el aborto en la sociedad. Para Lina, es fundamental que se entienda que el aborto es un procedimiento médico seguro y accesible, y que todas las personas deben tener la oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo sin ser estigmatizadas ni criminalizadas.
El movimiento por los derechos reproductivos en América Latina sigue activo, enfrentando barreras legales, sociales y de desinformación. Pero el acceso a información clara y el cambio en los imaginarios sociales son pasos fundamentales a fin de lograr un entorno más justo y seguro para todas las personas con capacidad de gestar.
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