¿Qué pasa con los Derechos Sexuales y Reproductivos en medio de la violencia?

En barrios olvidados por el Estado, las adolescentes luchan por acceder a salud sexual y escapar de la violencia.

Ecuador se apagó no solo por la grave crisis energética, sino por el encuentro de múltiples crisis que afectan la sostenibilidad de la vida. 14 horas de oscuridad vividas el fin de semana del 27 de octubre acompañaron al segundo año más violento para el país.  Esa parecía ser la cúspide de una herida que está haciendo agonizar a un país que se enfrenta constantemente con la muerte. Sin embargo, entre el 1 y el 26 de enero de 2025, Ecuador registró 658 muertes violentas, un incremento del 56 % en comparación con el mismo período de 2024, según datos de la Policía Nacional. Este ha sido el mes más violento desde que se tiene registro. Con un promedio de un asesinato cada hora, la crisis de seguridad alcanza niveles sin precedentes en el país.

Dentro de la policrisis las cámaras de los medios parecen privilegiar las historias de las urbes, las pérdidas de las grandes empresas, mientras criminalizan a ciertas tierras que han sido olvidadas por supuestamente ser incubadoras de violencia. El 9 de enero del 2024 se declaró conflicto interno en el país a través del Decreto 111, y aquí cabe la pregunta: ¿qué pasa con las adolescentes en medio de la violencia?

La frontera entre Guayas y Cañar es una zona permeada por el crimen organizado ante el abandono estatal que hace que barrios como El Muro no tengan agua. Ahí me encontré con Jessi, la hija de un gatillero de la zona. Hablar con ella fue escuchar un grito de rabia. Un grito de las adolescencias que habitan una tierra olvidada. No somos nadie, me dijo. Nos miran porque no somos nadie. Nos abandonan porque no somos nadie. 

Sus padres se separaron como consecuencia de la violencia que se había instalado en su casa. Los primeros recuerdos que tiene son de armas sobre la cama, la mesa, su cómoda. 

Tenía 16 años cuando notó la ausencia de la menstruación. Buscaba huir de sus hermanos que le pegaban para obligarla a encargarse de los trabajos de cuidado cuando su madre trabajaba en el embarque de cajas de banano. No podía más, la violencia estaba pudriendo su vida. No quería eso. 

Jessi nunca tuvo acceso a métodos anticonceptivos ni ningún tipo de educación integral para la sexualidad en el colegio fiscal al que aún asiste. Solo sabía que estaba enamorada y que tal vez esa era una posibilidad para salir del mundo violento que era su realidad desde niña; pero no fue así. 

Para las Naciones Unidas, la Educación Integral para la Sexualidad brinda a los jóvenes información precisa y apropiada para su edad sobre la sexualidad y su salud sexual y reproductiva. Lo anterior permite tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos. Por ejemplo, decidir el uso de anticonceptivos en la adolescencia o que las infancias identifiquen acciones de violencia por parte de su entorno. No es libertinaje, es un derecho que debe ser garantizado para las infancias y adolescencias.

En 2023, la tasa de fecundidad para mujeres de 15 a 19 años en Ecuador se registró en 42,8 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres, superando a la media mundial,  según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

¿Por qué es urgente el acceso a derechos sexuales y reproductivos en medio de una crisis de seguridad? Porque son las adolescencias y juventudes de las tierras olvidadas a las que se les arrebatan los sueños e intentan borrar desde múltiples perspectivas. 

La falta de información contribuye a perpetuar el ciclo de pobreza, ya que un embarazo adolescente conlleva mayores posibilidades de deserción escolar, desempleo a futuro y salarios más bajos. En este sentido la realidad de Jessi no es aislada. Las adolescencias en Ecuador enfrentan desafíos similares, buscando información y recursos que, a menudo, son de difícil acceso. 

En una encuesta realizada a 21 adolescentes y jóvenes, la mayoría de género femenino, todxs habían empezado su vida sexual y el 81% usa el método de barrera como forma de protección para embarazos. El 40% expresa que ha tenido complicaciones para acceder a información sobre anticoncepción. 

Para este grupo de adolescentes y jóvenes, los principales retos se presentan en las familias donde el sexo es un tabú, lo que dificulta el acceso a métodos anticonceptivos. Cuando intentan solicitar información en el sistema educativo, a menudo son consideradxs «adelantadxs». Una de las adolescentes señaló que tuvo dificultades para acceder a anticonceptivos orales en el sistema de salud pública, ya que, al ser menor de edad, no le querían brindar la información necesaria.

Sin embargo, la realidad en los barrios marginalizados es abrumadora. Es una constante ver a adolescentes embarazadas que deben abandonar sus deseos de escapar de la violencia. Jessi cuenta que, gracias a su madre, no dejó el colegio y espera realizar algún curso para poder trabajar en el campo, ya que su interés es la agricultura. Para ella, incorporarse al mercado laboral es una necesidad vital, pues es consciente de que su hija está creciendo en medio de la violencia del crimen organizado.

Vivir en la ruralidad es esquivar la borradura del olvido. Acá no llegan proyectos de EIS, la información se vuelve un privilegio. En estas tierras las adolescentes mueren buscando la salida. 

Según la Organización Mundial de la Salud, América Latina y el Caribe enfrentan una de las tasas más altas de nacimientos en adolescentes. En 2020, el 80% de las víctimas de agresiones sexuales en la región fueron niñas de entre 10 y 14 años. El movimiento Son Niñas, No Madres ha sido clave en visibilizar y luchar contra la problemática de las maternidades forzadas. 

Jessi quiso ser madre, aunque en estas tierras tampoco se muestran otras opciones. ¿Qué pasa cuando no se quiere parir? No existe información y la principal institución, que es la Iglesia, marca una línea tajante sobre el deber de las mujeres: ser madres. 

Para Juana Rodas, este sector ha sido bautizado como “los olvidados de Dios”. Tiene 42 años y por tres meses trabajó en el bar del colegio fiscal. Conoció las inquietudes de las adolescentes y las carencias que comparte con ellas. Su casa es un espacio improvisado con hojas de zinc que se ha convertido en el refugio de su familia.

Sonríe, pero el dolor se escapa en su mirada. Ella considera urgente atender a la niñez y adolescencia con proyectos de educación integral para la sexualidad, así como proporcionar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Cuenta que muchas niñas no pueden asistir a la escuela durante su menstruación porque no tienen acceso a agua para el aseo personal ni a toallas sanitarias o copas menstruales.

A pesar de las brechas de información en la educación sexual y reproductiva, algunas iniciativas están tomando acción para llenar este vacío. Organizaciones como la Fundación Kimirina han desarrollado programas de Educación Sexual Integral para adolescentes, accesibles en varias regiones, aunque su alcance aún es limitado en territorios marginalizados. En Guayaquil, CEPAM promueve Pasos y Huellas, una plataforma que involucra a jóvenes y adolescentes en la construcción de espacios de formación e incidencia, con un enfoque en derechos y defensa de la EIS. Además, plataformas como Women First Digital ofrecen recursos en línea, como la Guía de Sexo Seguro, que proporciona información accesible sobre anticoncepción y salud sexual para ayudar a las jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su futuro asi como el acompañamiento de consejeras que puedan bridar información sobre justicia reproductiva. Esta iniciativa es clave en sectores vulnerables como el de Jessi, donde el derecho a la información se vuelve crucial para romper los ciclos de violencia y pobreza.

Hablar de derechos sexuales y reproductivos en zonas de violencia no es descabellado. No hacerlo sí lo es.