En El Salvador y República Dominicana, la criminalización absoluta del aborto ha sometido a las personas gestantes a situaciones extremas: enfrentar embarazos inviables, detener tratamientos médicos cruciales o ser encarceladas tras abortos espontáneos. Estas políticas no solo perpetúan la desigualdad, sino que exponen a mujeres y niñas a un sistema que prioriza el control sobre sus cuerpos antes que garantizar sus derechos y vidas.
En el Salvador el aborto se encuentra penalizado en todas sus formas desde 1997. La obligatoriedad de maternar está por encima de la vida de las mujeres. Parecería que al Estado no le importa la vida del feto sino mantener un control de los cuerpos gestantes ya que el aborto no es permitido ni en situaciones extremas como la inviabilidad del feto.
Imagina que te obliguen a continuar con un embarazo que es un duelo permanente porque se conoce médicamente que es imposible llegar a un buen término y es potencialmente mortal como un embarazo ectópico.
Imagina que tengas una enfermedad crónica y tengas que parar tu tratamiento durante los meses que dure el embarazo. Es una sentencia de muerte.
Imagina ser superviviente de una violación y tener que parir. Eso es tortura.
Imagina tener un aborto espontáneo y que seas un cuerpo sospechoso de haber cometido homicidio agravado.
Las personas gestantes en El Salvador pueden recibir penas de hasta 50 años por abortar. El personal de salud, hasta 12 años, lo que tiene como consecuencia que reporten los casos que bajo sus puntos de vista pueden estar relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo.
La legislación actual no protege a las mujeres ni a las personas en capacidad de gestar de abortos clandestinos inseguros ni de complicaciones por enfermedades preexistentes. Tampoco garantiza una reparación integral en casos de violencia sexual.
Lucha del movimiento feminista
El movimiento feminista en El Salvador ha promovido tres propuestas clave para despenalizar el aborto: la más reciente, en 2021, conocida como “Reforma Beatriz” con tres causales; otra en 2020 que planteaba cuatro causales, y una en 2018, que incluía dos causales.
Sin embargo, estas iniciativas enfrentan barreras como la falta de voluntad política en la Asamblea Legislativa, la influencia de iglesias conservadoras y organizaciones antiderechos, así como los constantes ataques del presidente Nayib Bukele a colectivos feministas y de derechos humanos, a quienes descalifica y estigmatiza.
La postura del presidente refleja la continuidad de una política restrictiva en torno al aborto. En una entrevista de marzo de 2020 con el rapero puertorriqueño Residente, realizada en Instagram, Bukele afirmó: “No estoy a favor del aborto y creo que algún día nos daremos cuenta de que el aborto es un gran genocidio”. Estas declaraciones evidencian la resistencia del gobierno salvadoreño a flexibilizar las leyes, incluso en casos en que la vida de las mujeres esté en peligro, perpetuando una visión que prioriza el marco penal sobre los derechos reproductivos.
Beatriz vs El Salvador: Luces de justicia y reparación en el 2024
Beatriz era una joven salvadoreña de 21 años que vivía en una condición de extrema pobreza y con enfermedades graves como lupus y artritis reumatoide. En 2013, se vio ante un segundo embarazo diagnosticado de alto riesgo, ya que existía una malformación congénita del feto con anencefalia. Los médicos le recomendaron interrumpirlo debido a que el embarazo era inviable y su vida estaba en peligro. Sin embargo, su solicitud fue rechazada incluso tras presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que emitió medidas provisionales para proteger la vida y salud de Beatriz. A pesar de esto, el Estado salvadoreño no cumplió. En junio de 2013, Beatriz tuvo un parto por cesárea; el feto falleció poco después ya que no había desarrollado el cráneo. Las secuelas físicas y psicológicas fueron fulminantes para Beatriz, quien falleció en 2017 por una neumonía debido a su golpeado estado de salud.
En 2022, la CIDH presentó el caso ante la Corte IDH, marcando un hito histórico al abordar por primera vez la penalización absoluta del aborto como una violación de derechos humanos. El 20 de diciembre del 2024, una sentencia histórica condenó al Estado de El Salvador por violar los derechos humanos de Beatriz. Esto abre el camino para la flexibilización de las leyes de aborto en El Salvador y en la región.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, destacó en un artículo que el fallo representa «un sentido y esperado reconocimiento a la memoria de Beatriz y al trabajo incansable de su madre, Delmy, y su familia, junto con organizaciones feministas». Subrayó que «esta decisión fortalece la protección legal de la salud reproductiva, un avance crucial en un contexto regional marcado por tensiones regresivas, especialmente en El Salvador.
El fallo responsabiliza al Estado salvadoreño de violar los derechos a la integridad personal, a la vida privada, a la protección judicial, a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la salud. Adicional, se incorpora la violación al derecho a al integridad personal de la familia de Beatriz.
Beatriz se enfrentó a la ausencia de protocolos y a la burocratización de la salud. Posteriormente, el Estado de El Salvador argumentó la existencia de protocolos que permiten la interrupción del embarazo en casos de sepsis y establecen procedimientos para abordar embarazos ectópicos, pero aún existen vacíos legales significativos anclados en imaginarios sociales violentos.
Así lo señaló la Corte al destacar que estas medidas no garantizan una atención adecuada y oportuna para casos complejos como el de Beatriz, evidenciando la necesidad de reformas más integrales en la protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Fernanda Díaz de León, subdirectora de incidencia de Ipas LAC, enfatizó en el comunicado de CEJIL que la Corte ordenó al Estado salvadoreño establecer normativas claras para que el personal de salud actúe adecuadamente ante embarazos de alto riesgo. Estas directrices, señaló, deben alinearse con los más altos estándares internacionales de protección a la salud, la vida y la integridad de las mujeres, garantizando respuestas eficaces y respetuosas de sus derechos.
Como medidas de reparación y no repetición la Corte IDH ordenó que se provea atención integral a la familia de Beatriz, se capacite a los operadores de salud y de justicia así como se adecuen o creen marcos jurídicos y protocolos efectivos que brinden seguridad a las personas gestantes.
El Estado debe cumplir con la sentencia de manera pronta y presentar sus avances en el periodo de un año.
República Dominicana: una lucha desde 1884
La República Dominicana enfrenta una paradoja que pone en evidencia la desigualdad en el acceso a derechos fundamentales. Aunque el país destaca por su crecimiento económico en América Latina y el Caribe, mantiene una de las tasas de mortalidad materna más altas de la región.
Este problema se enmarca en un contexto legal restrictivo, donde el aborto está penalizado sin excepciones, lo que perpetúa riesgos para la salud y la vida de las mujeres. La criminalización absoluta del aborto refleja la tensión entre avances económicos y la falta de progresos en derechos reproductivos.
Las sanciones por abortar pueden ir de dos a cinco años para las personas gestantes que se provoquen un aborto, y ser de hasta 20 años para el personal de salud.
Caso Esperancita
En 2012, la prohibición absoluta del aborto en República Dominicana cobró la vida de Rosaura Almonte Hernández, conocida como Esperancita, una adolescente de 16 años diagnosticada con leucemia y con un embarazo de siete semanas con signos de daño fetal. A pesar de necesitar quimioterapia urgente, el tratamiento fue retrasado para esperar el desenlace natural del embarazo, lo que resultó en su muerte un mes y medio después.
Ante la inacción del Estado para investigar, sancionar y reparar a las víctimas, las organizaciones Women’s Link Worldwide y Colectiva Mujer y Salud llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2017, en busca de justicia.
Luchas Feministas
Desde finales de los años 90, el movimiento feminista dominicano ha liderado esfuerzos para despenalizar el aborto, enfrentándose a múltiples obstáculos. En 2009, con la aprobación del artículo 37 de la Constitución, que protege la vida desde la concepción, intensificó la lucha, con iniciativas como la Coalición por el Derecho a la Salud y la Vida de las Mujeres.
A través de movilizaciones, campañas de información y diálogo, las activistas han frenado repetidamente la aprobación de un Código Penal sin causales, destacando hitos como el campamento de 73 días frente al Palacio Nacional en 2021. No se ha podido aprobar un nuevo Código Penal, pero la lucha sigue.
Según la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (rsmlac), las mujeres dominicanas enfrentan barreras como la desinformación promovida por grupos conservadores, la violencia policial y el hostigamiento en redes. A pesar de ello, los esfuerzos han logrado generar mayor conciencia pública que refleja apoyo a la despenalización en tres causales.
Ante contextos tan adversos, el acompañamiento seguro y confiable se convierte en una herramienta indispensable para salvar vidas. La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe tiene una base de datos con organizaciones seguros a las que se puede contactar por países.
Por otro lado, en el campo digital iniciativas como ayudaparaabortar.org y comoabortarconpastillas.org ofrecen información actualizada y acompañamiento a personas que enfrentan embarazos no deseados en contextos que las puede acercar a una clandestinidad mortal y que una red de acompañamiento permite alejar.
Estas plataformas no solo previenen riesgos innecesarios, sino que también conectan a quienes lo necesitan con consejeras y organizaciones en territorio comprometidas con los derechos sexuales y reproductivos. En un mundo donde el acceso a estos derechos sigue siendo desigual, el acceso a información segura es resistencia y cuidado colectivo.
Efecto 